La denominada “nueva normalidad” producto del ataque por sorpresa del enemigo invisible (covid-19) empieza a plantear una serie de desafíos para todos los actores que integran el funcionamiento cotidiano de la sociedad; lo cuales, para que sean enfrentados de forma efectiva, requerirán de mucha creatividad, reinvención y capacidad adaptativa a una nueva realidad que, de la noche a la mañana, apareció y está emitiendo señales permanentes sobre la presencia de cambios -de todo tipo- en medio de grandes nubarrones de incertidumbre sobre lo que se debe hacer en el futuro más próximo para que las personas, las organizaciones y los propios países -vistos como un todo- puedan ser capaces de plantear y poner en ejecución modelos de desarrollo en donde interactúen -respondiendo a los efectos de la pandemia- los tres ámbitos de la crisis actual: el sanitario, el económico y el social.
Y, es precisamente, en ese escenario en donde, las organizaciones públicas y privadas dedicadas a promover las “finanzas para el desarrollo (FPD)”, se deberán mover en los próximos, al menos, dos años. Para el caso ecuatoriano, a diferencia de otros países -algunos cercanos territorialmente, como: Colombia, Chile y Perú-, ese escenario será más complicado ya que el país, desde hace algunos años, venía con una crisis económica acumulada sin resolver y que, con el aparecimiento de la pandemia global, esa crisis más bien se potenció.
De ahí, para Ecuador, las alternativas, desde el ámbito de la política económica contracíclica, son limitadas; pues, el país no dispone de fondos de ahorro para inyectar -desde el Estado- dinero a la economía para que esta se dinamice y se cuide la producción y el empleo nacional. Por otro lado, las principales fuentes de ingresos de divisas -necesarias para sostener el modelo monetario de la dolarización- también han sido duramente afectadas con la pandemia, como es el caso del precio del petróleo que ha ido cayendo -de manera significativa- en relación al precio originalmente presupuestado; a este comportamiento hay que sumar la disminución sostenida en la recaudación tributaria, lo cual, en conjunto -como es de esperarse-, está generando serias dificultades al manejo de las finanzas públicas ecuatorianas.
Y, claro, en medio de las complejidades del escenario descrito, surge como prioritario el rol que puedan jugar las instituciones que ofrecen servicios financieros a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) y a los actores de la economía popular y solidaria (EPS); ya que, para cuidar la producción y, sobre todo, el empleo de estos sectores, será fundamental la canalización de recursos en calidad de créditos para el desarrollo que, por un lado, ayuden a recuperar la liquidez que, por la larga cuarentena, obligó a que la actividades productivas tengan que dejar de obtener ingresos por las ventas realizadas y, con ello, al momento de su reapertura se les dificulte la cobertura de pagos inmediatos relacionados, entre los más importantes, a sueldos de los trabajadores, obligaciones con proveedores, créditos contratados, arriendos, seguros, servicios básicos, y obligaciones con la seguridad social y el fisco.
Por otro lado -como segundo momento del aporte de las FPD-, el financiamiento que se otorgue se deberá focalizar hacia las exigencias adaptativas que va imponiendo, como medio de sobrevivencia de los negocios, la nueva normalidad. Entre las exigencias que van a requerir financiamiento -ya que su implementación requiere de inversión de recursos frescos- están: adopción de medidas de bioseguridad en todo el proceso de producción y comercialización hasta cuando el producto llegue al consumidor final; absorción del incremento de costos debido a que, por las restricciones sanitarias, los negocios no podrán operar al cien por ciento de su capacidad instalada; innovaciones en productos para adecuarse a los cambios en las preferencias de los consumidores, y, también, la serie de incentivos financieros que deberán establecer -las MIPYME y actores de la EPS- para poder enfrentar la caída en el poder adquisitivo de los consumidores que se están quedando desempleados o les están disminuyendo las remuneraciones a través de diferentes mecanismos -uno de ellos la disminución de la jornada laboral-.
Finalmente, las instituciones alineadas con los principios de las FPD, también -en medio de la complejidad de la serie de desafíos que, de forma imprevista, van apareciendo- se podrían convertir en un gran soporte pro inclusión financiera -de acuerdo a sus condiciones técnicas y directrices estratégicas- al momento de crear productos financieros que ayuden a mejorar la capacidad de resiliencia de aquellas personas que, como ya se señaló, producto de la crisis económica acumulada y potenciada por la pandemia (covid-19), están perdiendo sus puestos de trabajo y que, para su sobrevivencia, muchas de ellas lo que harán es enrolar las filas de actividades económicas de subsistencia que, si no tienen apoyo financiero y una guía sobre el desarrollo de un negocio viable, simplemente, serán parte de cientos de iniciativas productivas caracterizadas por una esperanza de vida corta.
Dr. Wilson Araque Jaramillo, PhD
Presidente de la RFD