¿Es necesaria una educación financiera con perspectiva de género?
En América Latina y el Caribe, un 57.4% de hombres y 51.4% de mujeres (mayores de 15 años) informaban tener una cuenta (solos o junto con otra persona) en un banco u otro tipo de institución financiera; en promedio, el 54% de la población de la región está incluida en el sistema financiero formal según datos al 2017 del Global Findex del Banco Mundial, ese porcentaje es significativamente bajo cuando se compara con el 94.7% (95.3% hombres y 94.1% mujeres) de la población de los países miembros de la OECD. No obstante, cabe mencionar que ese promedio no es representativo de todos los países de la región, puesto que países como Brasil, Chile, Trinidad y Tobago y Venezuela cuentan con casi dos tercios de su población bancarizada.
Asimismo, en este último quinquenio 2017- 2021, el proceso de bancarización se ha ido dinamizando en la región e, incluso como resultado de la pandemia COVID-19, ha tomado más fuerza, especialmente en aquellos países donde los gobiernos, gracias a un registro social sólido y una mayor conectividad, han podido otorgar subsidios a la población, así como programas de transferencias monetarias mediante billeteras digitales. A modo de ejemplo, de acuerdo con el programa estatal de la Banca de las Oportunidades de Colombia, en los primeros nueve meses del 2020, 2,2 millones de nuevos adultos accedieron por primera vez a los servicios del sistema financiero colombiano.
Si bien es positivo este proceso de inclusión financiera, la evidencia muestra que para garantizar el bienestar financiero de las personas no es suficiente tener acceso a una cuenta bancaria u otros productos y servicios financieros, sino que se precisa de una educación financiera que permita hacer buen uso de estos. Es decir, como indica la OCDE, una educación financiera que proporcione las herramientas a las y los consumidores para mejorar su comprensión de los productos y servicios financieros, los conceptos y los riesgos, y desarrollar las habilidades y confianza para ser más conscientes, tanto de los riesgos como de las oportunidades financieras, y tomar decisiones informadas, para mejorar su bienestar económico y social.
Sin una educación financiera y las herramientas adecuadas, hay un riesgo latente que este proceso de bancarización acelerado no tenga el impacto deseado, y que incluso se profundicen las desigualdades sociales y de género entre países y dentro de los mismos.
Frente a esta situación, es urgente preguntarse no solo si la población de la región, al 2021, tiene el conocimiento, habilidades, y las actitudes para hacer buen uso de sus finanzas, pero también si todas las personas parten de la misma línea de salida en cuanto al nivel de educación financiera y uso de las nuevas tecnologías digitales.
Para dar respuesta a estos interrogantes, en las últimas décadas se han venido desarrollando en los países de la región, diagnósticos, encuestas cualitativas y cuantitativas, tanto a nivel nacional como local, con el fin de conocer el nivel de educación financiera de la región.
En particular, las encuestas de medición de las capacidades financieras de CAF –Banco de Desarrollo de América Latina– que desde el 2013 se han venido realizando en 8 países de la región, han logrado incorporar en los diagnósticos de las capacidades financieras de la población, algunos de los principales ejes estructurantes de las desigualdades sociales y de género. Esta integración ha permitido visibilizar como el rango de edad, el género, el territorio, el nivel educativo y el nivel socioeconómico y sus superposiciones, pueden condicionar significativamente el nivel de educación financiera y el comportamiento de las personas con respecto a el acceso y gestión de sus finanzas. Por ejemplo, de acuerdo a la encuesta de Colombia del 2019, se identificó que las mujeres, los residentes en áreas rurales, personas con bajos niveles de formación académica, personas mayores de 40 años y las personas desempleadas o inactivas, son los grupos que sufren un menor bienestar financiero, lo cual reduce sus posibilidades de satisfacer plenamente sus obligaciones financieras actuales, su seguridad en cuanto al futuro financiero, y finalmente su capacidad de tomar decisiones que le permitan disfrutar la vida. Sumados a estos ejes, hay otras condiciones relacionadas con la pertinencia étnica, la condición migratoria, la identidad de género y la condición de discapacidad que pueden influir fuertemente sobre las oportunidades financieras de las personas.
Asimismo, los resultados de las últimas encuestas de capacidades financiera de CAF, realizadas especialmente desde una perspectiva de género y desarrolladas en Colombia y Perú en 2019 y Brasil y Ecuador en 2020, visibilizan brechas de género en desventaja de las mujeres en temas de resiliencia, vulnerabilidad, conocimientos y comportamiento financieros, así como en el acceso y uso de servicios financieros digitales. De acuerdo con numerosos estudios e investigaciones, estas brechas financieras son resultados de normas y roles sociales y culturales que han limitado las oportunidades y los derechos de las mujeres de tener el poder, acceso y control sobre los activos financieros (y no financieros), con un impacto sustancial sobre su autonomía económica.
Estos hallazgos muestran claramente que los programas de educación financiera diseñados e implementados sobre la base de un único modelo de comportamiento financiero o perfil de usuario, generalmente masculino, benefician solo algunos grupos poblacionales dejando otros atrás.
Frente a este desafío, un número creciente de entidades financieras, como Bancamía en Colombia, Pro Mujer en Bolivia, Financiera Confianza en Perú entre otras, ha adaptado sus programas de educación financiera a las necesidades de las mujeres, mediante un análisis, no solo de su perfil financiero, sino también socioeconómico, debido a que este último influye notablemente sobre su bienestar financiero.
CAF, en su rol de Banco de Desarrollo para la región, se ha sumado a los esfuerzos que desde los países se están dando para que la alfabetización financiera pueda beneficiar a toda la población, sin dejar nadie atrás. Concretamente, durante el año 2021, mediante un trabajo conjunto entre las Vicepresidencias del Sector Privado y de Desarrollo Sostenible, se ha venido implementando una serie de talleres de educación financiera con enfoque en la economía del comportamiento y con perspectiva para entidades como la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria) de Colombia, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS), la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria (SEPS) y la Superintendencia de Bancos de Ecuador, así como el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) de Bolivia.
Estos talleres han permitido a las y los funcionarios de estas instituciones, de primer y segundo piso, reflexionar sobre los conceptos de género y de economía del comportamiento, con relación a sus contextos laborales y sociales, así como conocer las herramientas y buenas prácticas de entidades que han avanzado en la integración de estos enfoques dentro de sus programas de educación financiera en respuesta a las diversas necesidades financieras y no financieras de sus clientes.
Finalmente, las desigualdades que persisten en la sociedad de la región afectan innegablemente el bienestar financiero de su población, por ello la importancia de una revisión de los programas de educación financiera para que se visibilicen, reconozcan y aborden estas desigualdades estructurales y de género, y se incluyan medidas y acciones especificas. Avanzar en esta dirección, permitirá a las entidades diseñar programas que se constituyan en vehículos efectivos de empoderamiento de las mujeres, así como de otros grupos poblacionales excluidos, y al mismo tiempo a los países cumplir con los principios de la Agenda 2030 y contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como el ODS 1 de Fin de la Pobreza, el ODS 5 de Igualdad de género, el ODS 8 de Trabajo decente y crecimiento económico, y ODS 10 de Reducción de las Desigualdades.