En primer lugar, a la hora de impulsar una gestión integrada de políticas públicas pro inclusión financiera, es importante recordar el objetivo final que está detrás de las denominadas finanzas para el desarrollo: “Contribuir al fortalecimiento productivo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), con énfasis en el mejoramiento del bienestar personal y familiar de quienes, en calidad de propietarios y/o trabajadores de esas MIPYME, producen y/o comercializan un determinado bien y/o servicio. De ahí -por el impacto que se espera alcanzar con el financiamiento para el desarrollo-, surge la necesidad de generar una estrategia nacional de inclusión financiera, en donde, producto de la interacción de actores públicos y privados nacionales e internacionales, se logre promover una serie de iniciativas estratégicas que, de forma sistémica, sienten las bases de un tejido productivo nacional y local más solidario, eficiente e inclusivo.
Y es, en ese escenario, precisamente, en donde las instituciones financieras (IFI) actúan y tienden a centrar su preocupación por indicadores clave como: colocación y recuperación del crédito otorgado; tasa de crecimiento del ahorro captado, tasa de morosidad de los clientes atendidos, generación de excedentes que le sirvan de soporte para garantizar su sostenibilidad financiera y organizacional en el mediano y largo plazo, entre otros; lo cual, está bien como una preocupación clave de gestión, pero eso no es suficiente, sobre todo, cuando una IFI se autodenomina como organización pro desarrollo socioeconómico de los países, ya que, pensando sistémicamente -al unísono-, los buenos resultados de esa gestión administrativa, comercial, operativa y financiera, también, se deben ver reflejados en la mejora productiva -calidad, eficiencia e innovación- de las MIPYME que, a su vez, ese impacto, se verá tangibilizado en la mejora de la producción y empleo nacional que, finalmente, termina incidiendo -como el principal impacto positivo hacia afuera de una IFI- en la mejora de la calidad de vida de los seres humanos que están vinculados, de forma directa e indirecta, al funcionamiento de la micro, pequeña o mediana empresa objeto de apoyo con financiamiento para el desarrollo.
Surgiendo, así -en la búsqueda de ese enlace entre la buena gestión de las instituciones financieras y su incidencia en los cambios positivos del perfil productivo de las MIPYME y del bienestar de los seres humanos involucrados en esas actividades empresariales-, el Estado, en interacción con el sector privado y la academia -mediante una gestión integrada de las políticas públicas dirigidas al fortalecimiento de la producción local y nacional-, como el potencial promotor - articulador de unas finanzas que, realmente, contribuyan al crecimiento económico y a la redistribución de los ingresos gracias a la creación de oportunidades para aquellas personas que, por varias razones, han estado excluidos del sistema financiero formal tradicional del país.
Ahora, claro, para lograr esos impactos esperados, resulta necesario incorporar principios clave como los de la inclusión financiera al momento de encontrar respuestas a la pregunta de impacto referente: ¿cómo crear productos financieros que, en última instancia, sean útiles -en igualdad de condiciones- para todos?, la cual, como se puede ver, es un llamado a que, dentro de las estrategias y acciones institucionales de un organización financiera de desarrollo, siempre estén presentes los grandes retos que giran alrededor del objetivo de una IFI pro desarrollo que, bidimensionalmente, resalta, la búsqueda -al mismo tiempo- de la sostenibilidad financiera y organizacional de la institución y, también, de la mejora de la rentabilidad social explicada, en última instancia, por el mejoramiento de las condiciones de vida de los seres humanos que fueron quienes -en calidad de propietarios y/o trabajadores- crearon y pusieron a funcionar -alrededor de un fin productivo común- a la MIPYME.
En los tiempos actuales, surge, además, un reto global que debe ser considerado por las IFI y, también, por los gestores de políticas públicas integradas con fines productivos, la preocupación por el aporte -con acciones reales- a la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por Naciones Unidas que, de forma sistémica, apuntan a la búsqueda de formas de comportamiento personal y/u organizacional que tengan en cuenta la interacción de tres dimensiones: la económica, la social y la medioambiental.
Finalmente, en el caso del trabajo que viene llevando a cabo la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD), es importante resaltar dos iniciativas de alto impacto -directamente alineadas a la reflexión eje de este artículo-, por un lado, la ejecución del Proyecto EcoMicro “Finanzas Agropecuarias y Smart Data para la Adaptación Climática en Ecuador” cuyo objetivo central está directamente relacionado con los ODS planteados por Naciones Unidas -contribuir al mejoramiento de la disponibilidad y el manejo de información sobre riesgos y oportunidades del sector rural para potenciar financiamiento agropecuario y climáticamente adaptado- y, por otro lado -como organización ecuatoriana bandera del impulso de la Inclusión Financiera Nacional-, el apoyo estratégico inicial y toda la colaboración directa que se sigue dando al proyecto de Cooperación Técnica entre el Banco Mundial y Banco Central del Ecuador (BCE) para apoyar al país en el diseño de la “Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF)”; demostrado, así, la RFD -como institución promotora del desarrollo y su potenciador trabajo en red- que sigue y seguirá cumpliendo su rol misional orientado a la búsqueda de una incidencia fuerte -con acciones concretas- dentro del proceso de consolidación de ese Ecuador mejor que, ante todo, busque crear oportunidades que, con buenos facilitadores, lleguen, sin ningún tipo de discrimen, a todos los ecuatorianos.
Dr. Wilson Araque Jaramillo, PhD
Presidente de la RFD